ONU suspende ayuda anti Sida por manejo ineficiente de cooperación

A continuació reproducimos íntegramente el informe periodístico elaborado por la periodista Pilar Cieza.
El pasado 28 de abril, a través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que 2,250 personas infectadas con VIH reciben tratamiento antirretroviral de manera gratuita, sin pago alguno, gracias a un programa financiado por el Fondo Global de Naciones Unidas denominado Targa (Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad).
Lamentablemente, ésta no es una buena noticia: la ONU había destinado para este plan médico alrededor de 25 millones de dólares, los mismos que debieron ser repartidos entre 7 mil pacientes. Al no cumplirse esta meta, los funcionarios habrían decidido cortar la ayuda económica.
La Primera se contactó con algunas personas que estuvieron presentes en las últimas reuniones realizadas entre autoridades del Minsa y de ONG que velan por que el programa se aplique adecuadamente. Nuestras fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato, denunciaron que el informe oficial daba cuenta, en pocas palabras, que el presupuesto se había despilfarrado no precisamente en medicamentos y especialización de personal, sino en “supuestas” campañas informativas de prevención sobre el tema (afiches, lapiceros, entre otros).
Pero eso no es lo peor. También revelaron que muchas de las medicinas que deben entregarse gratuitamente en el Targa son vendidas de manera ilícita a los mismos pacientes inscritos en el programa y a otros enfermos que no acceden a dicho tratamiento.
Tras varios días de investigación, La Primera grabó en audio e imágenes a funcionarios inescrupulosos del Ministerio de Salud comercializando con los antirretrovirales que son donados, además de la ONU, por instituciones benéficas, por familiares de pacientes fallecidos o por infectados que cambian de tratamiento.
Jugando con la vida
Existen funcionarios que ejercen el cargo de “consejeros” cuya tarea es “disminuir el impacto psicosocial de la presencia del VIH y el sida en la población peruana” a través del Targa que se ofrece en los hospitales del Minsa. Sin embargo, con esta investigación, queda al descubierto que algunos de ellos se aprovechan de su condición y de la necesidad de los enfermos para vender las medicinas.
Una de ellas es Katia Herrera Trinidad, consejera en el pabellón de Infectología del hospital Loayza desde hace más de un año, que tiene un contrato de servicios no personales con el Ministerio de Salud. Además, es miembro y activista de las Ong Red Peruana de Mujeres Viviendo con VIH-sida y Colectivo por la Vida.
“A veces se puede conseguir de ocasión más barato, el Duovir sólo está a 60 soles, pero sólo tengo para 22 días”, respondió Katia cuando le preguntamos por el mencionado medicamento que contiene Zidovudina de 300 miligramos (mg). Tal como lo señalaron nuestras fuentes, ella agregó que se “lo dio un pacientito que ha cambiado de terapia”. Pero para completar el tratamiento de 30 días, nos prometió conseguir lo restante a través de “una amiga que trabaja en el Cayetano”, refiriéndose al hospital Cayetano Heredia. Es más, propuso entregarnos cinco frascos más de 60 pastillas para otra ocasión. Nos citó en su vivienda ubicada en Prolongación Leticia 924, interior 401, en Barrios Altos.
Pero el encuentro se concretó en su propio centro de trabajo. Allí, le dijimos que el medicamento que necesitábamos era otro y la venta no se realizó. Sin embargo, nos relató que cuando escasea un antirretroviral como, por ejemplo, la Estavudina, aparecen otras personas que lo “rematan a 100 soles” en el hospital.
Lo mismo ocurrió con Jorge Lanatta Ruiz, de aproximadamente 60 años de edad. Él negoció con nosotros pese a permanecer con pronóstico reservado en el hospital Dos de Mayo. Él se inició como “consejero” en dicho nosocomio, actualmente es miembro de la Conamusa (Coordinadora Nacional Multisectorial de Salud), institución creada por el Ministerio de Salud que recibe el financiamiento del Fondo Global de la ONU.
La reunión con Lanatta fue en los ambientes del Dos de Mayo, donde nos vendió un frasco de antirretrovirales de 60 pastillas denominado Efávirens a 100 nuevos soles. Antes de ello, en diálogo telefónico, expresó que no había podido conseguir otros medicamentos porque está “atado” en el hospital.
Otros casos
También nos comunicamos con Raúl Mejía, “consejero” del Centro de Salud Surquillo. En un primer momento, vía telefónica, aceptó conseguirnos el tratamiento antirretroviral denominado Duovir N, que combina tres componentes: Zidovudina de 300 mg, Lamivudina de 150 mg. y Nevirapina de 200 mg. “El Duovir N está a 160 soles para un mes, viene en un blister, son dos pastillas, una se toma en la mañana y otra en la noche”, explicó Raúl.
Quedó en entregarnos los productos a la altura del paradero conocido como “Pilas” en la Panamericana Norte. Sin embargo, al día siguiente, desistió. Al parecer fue alertado de nuestra investigación por otras personas comprometidas en el tema.
Por último, tratamos con Jorge Carpio, quien responde al apelativo de Jorge Sam para desempeñarse como esoterista en la tienda Nº 144 de una galería ubicada en la avenida Paseo de la República Nº 259. En su pequeño puesto de atención con olor a incienso, rodeado de cráneos humanos, Carpio dijo que había dejado su trabajo de consejero en el hospital Dos de Mayo porque no le resultaba económico.
Pero aclaró que aún guarda relación con pacientes de VIH–sida ya que puede brindarles los antirretrovirales más caros que hay en el mercado gracias a sus contactos con dos miembros del Ejército, quienes le proveen de medicina de reconocidas marcas. Aunque Jorge no reveló nombres, explicó que “ellos (los militares) pueden pedir más de un frasco gratuito para su tratamiento”.
De ese modo, aclaró que se extraen medicinas de manera ilimitada de esa institución del Estado para venderlos ilícitamente. Le solicitamos el medicamento Combivir de laboratorios Glaxo Smithkline y nos pidió 150 soles por el mismo, ya que en el mercado formal cuesta 770 soles el frasco de 60 tabletas.
¿Por qué les compran?
El paciente V.G., que prefiere mantenerse todavía en el anonimato porque casi pierde una vez su tratamiento gratuito por hacer otras denuncias, relató que algunas medicinas del Targa se agotan en los hospitales. Como por ejemplo, hace tres semanas se terminó en el Dos de Mayo el Stocrin, medicina que en centros como Vía Libre cuesta 340 soles.
Los pacientes se acongojan tanto por el dinero que no les alcanza para obtener el remedio porque no pueden dejar de tomarlo ni un solo día, pues se dañaría su tratamiento. En esas circunstancias, recurren al mercado negro.
Otros factores que contribuyen a este tráfico son la desinformación y el anonimato. Mientras que un buen número de personas, la mayoría de provincias, desconoce la existencia del Targa, otros prefieren no registrarse en los hospitales porque temen que sus familiares se enteren de su enfermedad.
Por último, están aquellos pacientes en etapa terminal, en quienes los médicos prefieren no gastar medicinas.
Pilar Cieza
pcieza@ednoperu.com